El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha deslegitimado el proceso electoral, al no ser coherente y consecuente, con los criterios legales que ha aludido para tachar al candidato de Alianza Popular, pese a los cientos de pruebas que corren en las redes sociales en los que el partido naranja entrega dinero y dádivas en diversas formas y por distintos métodos.

Situación que según varios rumores buscan dañar, aún más, el ya frágil proceso democrático. Situación que nos lleva a tres escenario; dos de los cuales no son tan tirados de pelos pues se buscaría romper de algún modo el orden democrático para crear una especie de “interregno” para "ordenar la situación" y dejar la presidencia “al poder civil” de forma temporal pudiendo recaer la autoridad en el presidente del congreso, o en su defecto de algún militar que dados los tiempo y coyuntura interamericana se jugaría ser rechazado y perseguido por romper el orden democrático de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana que se suscribiera en Quebec durante la Cumbre de las Américas en abril de 2001.

Estos rumores ha tomado cierta verosimilitud al observarse hechos tales como el acuartelamiento de comandantes generales, el retiro o renuncia de pequeños candidatos que han declarado el actual proceso electoral no digno de garantías; extraños viajes al exterior de familiares muy cercanos a la pareja presidencial, focos de violencia y agresión en manifestaciones políticas de varios candidatos; a lo que se suma que dada la reforma de la Ley Electoral en el recientísimo 16 de enero de 2016 ha llevado a una guerra de tachas y denuncias contra los candidatos que registraron mayor intención de voto en las encuestas.

El tercer escenario podría ser el más patético que en medio de la crisis las organizaciones políticas sobrevivientes continúe el proceso y se elija a un presidente, cuyo gobierno desde ya, sería visto como no legítimo por muchos, ciudadanos; además el nuevo gobierno tendrá que afrontar las fuertes crisis de la caída de casi el 50 por ciento de nuestras exportaciones mineras o commodities estrella; lo llevaría a bregar en conflictos instrumentalizados en toda la actividad extractiva de activistas a favor o encontrar motivos muy diversos que en la mayoría de los casos seria producto de la extorsión debido a que el Estado aún no ha podido hacer valer las leyes ambientales que permiten que estas actividades sean más amigables con el medio ambiente y las poblaciones circundantes. A lo que se suma la baja de las exportaciones fósiles en un 70 por ciento.

Con ello el nuevo gobierno no la tendrás fácil al recibir como herencia la conducción de programas sociales cuya efectividad y llegada a los más pobres traen consigo la existencia de burocracias doradas de alto costo que consumen más de un tercio de dichas inversiones sociales, sin dejar de lado la titánica lucha contra la corrupción que espera el pueblo peruano, y la mejora digna en los servicios tanto de educación como salud.

A estos conflictos, como fresa en el pastel, se suma el interés de la ONPE de entronizar el voto electrónico, situación que serviría de combustible para que desencantados y maquinadores tengan un buen pretexto para justificar sus anhelos de deslegitimar la elección y con ello al futuro gobierno.

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El presente artículo fue escrito para Agencia Perú. net a ser publicado el domingo 27 de marzo de 2016.